sábado, 15 de enero de 2011

REPORTAJE: Días de Incertidumbre, Aciago y Resistencia del SME

Luces, cámara… ¡Acción!






Para millones de mexicanos la principal fuente de información y entretenimiento –la más influyente hoy día, nos guste o no—es la televisión: “el invento más portentoso de la segunda mitad del siglo XX”; el aparato que se ha convertido en el oráculo de la familia mexicana. Según el investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Gabriel Sosa Plata, en su estudio titulado Situación Actual de los Medios de Comunicación en México y América Latina, realizado en 2007, menciona que el 97.9% de los hogares de México cuentan con televisión, de éstos, el 24.9% tiene acceso a la televisión de paga y, en contraste, sólo el 16.5% cuenta con una computadora.
            
 Este panorama de acceso a la información lo conocen muy bien los asesores en imagen de la Presidencia de la República, por lo tanto, la noche del domingo 11 de octubre de 2009, en cadena nacional, Felipe Calderón emitió un mensaje televisivo a toda la nación para “informar” las razones que lo “obligaron” a decretar la extinción de Luz y Fuerza del Centro.

 
Eran las 9:00 PM. El Presidente inició su discurso diciendo que “para transformar a México en el país justo y próspero que queremos tenemos que cambiar y cambiar a fondo, corregir de raíz los graves problemas que tenemos por muy costosas y difíciles que sean las decisiones que permitan resolverlos, con tal de que nuestros hijos puedan tener, el día de mañana, un México mejor”.
             
Cuando el primer mandatario apareció en la televisión para referirse a que “desafortunadamente, la mayor parte de recursos que recibía este organismo de manos de los mexicanos, no se podían destinar a mejorar la calidad del servicio sino que, fundamentalmente, iban a pagar privilegios y prestaciones onerosas de carácter laboral, y esto se agravaba año con año”; millones de televidentes se indignaron y confirmaron lo que a diario se dijo en los medios: que los trabajadores se acabaron y saquearon la empresa.
     
No obstante, surgen bastantes preguntas sobre lo dicho aquella noche por el Presidente: ¿A qué recursos económicos se refería? ¿Sus asesores y miembros del Gabinete le proporcionaron datos falsos? ¿Qué, acaso no fue él Secretario de Energía? ¿No sabía que la principal carga financiera de LyFC es el pago de energía en bloque a CFE? ¿Por qué mentirle al pueblo de México? ¿Por qué emitir un mensaje televisivo, de más de 10 minutos de duración, en cadena nacional, para informar sobre la liquidación de un Organismo público, y a los trabajadores afectados ni siquiera les envió un simple memorándum? ¿Qué quiso justificar con tanta insistencia Felipe Calderón?


La influencia de la televisión en las opiniones de los ciudadanos es determinante. En nuestro país los telespectadores pasan en promedio 216 minutos al día (3.5 horas) frente a la televisión –datos actualizados hasta 2007, según el estudio citado—, es decir, 25% del tiempo que los ciudadanos se encuentran despiertos. La otra gran parte disponible se destina al trabajo, el resto para descansar. ¿En qué momento se informan los ciudadanos de lo que ocurre en su comunidad?

El periodista Ryszard Kapuscinski, en su libro sobre los medios de comunicación y el buen periodismo, Los cínicos no sirven para este oficio, publicado en 2002, habla sobre este fenómeno contemporáneo de manipulación mediática:
El ciudadano medio, que trabaja, vuelve a casa cansado y quiere tan sólo estar un rato con su familia, recibe únicamente lo que le llega en esos cinco minutos de telediario. Los temas principales que dan vida a las “noticias del día” deciden qué pensamos del mundo y cómo lo pensamos. […]
El problema de la radio y la televisión es que no es necesario mentir: podemos limitarnos a no decir la verdad. El sistema es muy sencillo: omitir el tema. La mayor parte de los espectadores de la televisión reciben de forma muy pasiva lo que ésta les ofrece. Los patronos de los grandes grupos televisivos deciden por ellos qué deben pensar. Determinan la lista de las cosas en que pensar y qué pensar sobre ellas. […]
Se trata de un arma fundamental en la construcción de la opinión pública. Si no hablamos (en TV) de un acontecimiento, éste, simplemente, no existe.
A diferencia del conocimiento científico, la opinión es una posición subjetiva que no necesita ser demostrada ni comprobada empíricamente —como un problema de matemáticas o un experimento de laboratorio—, es simplemente una convicción débil y variable; no es un saber concreto, por lo tanto no necesariamente es verdad.  Sin embargo, al colectivizarse dichas opiniones se construye un consenso, es decir, los ciudadanos, aún sin cruzar palabras entre sí, crean un acuerdo tácito de grandes proporciones, lo cual representa una presión significativa y produce un impacto social determinado. A esto se le conoce como Opinión Pública.
 
Sabedores de dicho impacto en la sociedad, la oficina de comunicación de Calderón diseñó el discurso y la producción de manera impecable en términos de imagen, siguiendo un guión hecho al pie de la letra de un manual de persuasión –reiterativo y eficaz en el manejo del lenguaje no verbal y el énfasis discursivo—. En su mensaje el Presidente insistió sobre la “situación financiera insostenible” de la paraestatal, acusando que “a través de los impuestos de los mexicanos, teníamos que darle a Luz y Fuerza más de 42 mil millones de pesos, además del dinero que la empresa cobra a los usuarios a través de las tarifas de luz”. La situación era tan grave –así lo enfatizó ante millones de televidentes—que “…para seguir manteniendo a la empresa, hubiera sido necesario subir, desproporcionadamente, las tarifas eléctricas o aumentar constantemente los impuestos”, alertó al pueblo de México en horario estelar.


Casi al final de su mensaje, Felipe Calderón se dirigió a los electricistas –inédito en un Primer Mandatario—, a quienes dos minutos antes calificó de privilegiados y onerosos: “Quiero asegurarles que se respetarán plenamente todos sus derechos y prestaciones. Todos serán indemnizados conforme a la Ley Federal del Trabajo y al Contrato Colectivo de Trabajo, pero además, el Gobierno Federal les otorgará un bono adicional a las prestaciones establecidas, tanto en la Ley como en el Contrato… Es por ello que las indemnizaciones que recibirán estarán muy por encima de lo que señala la ley”, ofertó sin empachó el Presidente de la República, quien, en otro momento de antología –su accidentada asunción del poder—, juró ante los mexicanos, “cumplir y hacer cumplir la ley, y si no… ¡Que la nación me lo demande!”.

            Para que no se angustiaran los trabajadores despedidos –y pudieran dormir bien aquella noche—, el Presidente del empleo, hizo honor a su lema de campaña, y declaró: “Es por ello que he dado las siguientes instrucciones: A la Administradora (SAE: Servicio de Administración y Enajenación de Bienes), para que busque recontratar al mayor número posible de trabajadores, a fin de que colaboren de manera directa o indirecta en la provisión del servicio eléctrico bajo nuevas condiciones laborales y un nuevo arreglo institucional”, se comprometió.


De colofón, “para vivir mejor”, el Presidente anunció el destino del dinero que eventualmente se ahorrarían con la liquidación de LFC: “Queremos destinar esos recursos a prioridades como: a combatir la pobreza y la desnutrición, a cuidar la salud y mejorar la educación de nuestros niños, a construir más infraestructura para el desarrollo, a la seguridad pública, a construir más universidades”.  Ese fue el discurso, casi una declamación de poesía al oído del pueblo anonadado, que permeó en la sociedad como un acto magnánimo del cual todos habrían de congratularse y esperar, “muy pronto”, sus grandes beneficios.

            En la realidad mexicana se ha hecho costumbre que para legitimar un acto de gobierno, basta un spot bien hecho, plenamente difundido e insistentemente repetido. ¡Las reglas básicas de la manipulación mediática! El citado mensaje calderonista, en términos de comunicación política, es una joya aberrante para la historia contemporánea de México; un documento visual que tiene como propósito la creación de opiniones y no conocimiento específico por parte de los ciudadanos. Confirmación de lo que un gobierno es capaz de hacer para lograr sus objetivos.

A más de un año de la extinción de la paraestatal, contrario a las afirmaciones prometidas por el primer mandatario, la Administración federal, lejos de cumplir sus promesas, sí incrementó las tarifas eléctricas (retiró del presupuesto 2010 treinta mil mdp para el servicio eléctrico y estableció una política de aumentos mensuales, como en las gasolinas); sí elevó los impuestos (16% de IVA, 28% de ISR y 3% al uso de internet); no mejoró el servicio de energía en la zona de conflicto (CFE otorgó el servicio a empresas contratistas y se incrementaron los apagones, las fallas eléctricas y los accidentes); sólo se reinstaló en CFE a poco más de 300 de los 44 mil electricistas despedidos (de 28 mil trabajadores que optaron por la liquidación, solo 600 fueron incluidos en cooperativas); y de los 16 mil que resisten frente al decreto de extinción, 93 de ellos realizaron una huelga de hambre durante tres meses para presionar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ser reinstalados y, hasta el día de hoy, ninguno ha vuelto al trabajo.

            Los “argumentos” presentados por el Presidente para justificar la extinción de una empresa cuya infraestructura se ha creado en más de cien años, están lejos de ser claros e ilustrativos de la situación que prevalecía entre la institución y sus empleados. Considerar verdadero lo dicho por Felipe Calderón en su mensaje a la nación del 11 de octubre de 2009, sería validar que: “Todos los trabajadores de Luz y Fuerza eran corruptos; por tanto, si Juan trabaja ahí, entonces Juan es corrupto”. Esa es la lógica que se quiso aplicar al asunto y, lamentablemente, tuvo éxito.

La edición número 1749, del 9 de mayo de 2010 de la revista Proceso, presenta el trabajo del periodista Daniel Lizárraga, quien realizó una investigación en archivos oficiales acerca de los motivos que llevaron al cierre del Organismo público. Después de sortear obstáculos gubernamentales, bajo el título: Las mentiras de Presidencia para acabar con Luz y Fuerza, el investigador asegura:

Las verdaderas causas de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, que lanzó a la calle a por lo menos 44 mil trabajadores, siguen siendo un misterio debido a la cerrazón del gobierno calderonista, impuesta por motivos de “seguridad nacional”. Aunque el presidente Calderón defendió esa medida con argumentos como la “corrupción” e “ineficiencia” que privaban en la paraestatal, una investigación realizada durante siete meses por Proceso reveló que las dependencias gubernamentales, empezando por la Presidencia, carecen de información que sustente los dichos del mandatario y, por consiguiente, sus acciones de fuerza contra los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas. […]
En busca de esa información, Proceso emprendió una investigación que en abril pasado cumplió siete meses y a raíz de la cual el gobierno calderonista reconoció haber elaborado el expediente llamado Luz y Fuerza del Centro: Agosto del 2009 y el titulado Acta de la Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación 2009.
Sin embargo, se determinó que ambos documentos sólo podrían desclasificarse después de 12 años, pues de acuerdo con las secretarías de Hacienda, de Energía y del Trabajo abrirlos antes del año 2021 sería tanto como permitir que los ex trabajadores –afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)– pudieran realizar actos de sabotaje en el suministro de energía.
Al responder a un paquete de solicitudes de acceso a la información planteadas por este semanario, Hacienda sostuvo que los archivos sobre la extinción de LFC fueron reservados porque es un asunto de “seguridad nacional”, ya que los ex trabajadores podrían utilizar su contenido para apelar ante los tribunales internacionales, creando con ello un clima de inestabilidad en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Ante lo nebuloso del panorama en materia de acceso a la información pública en México y los absurdos argumentos que los servidores públicos ofrecen –con cinismo total—para esconder la información de los temas de interés nacional, es muy oportuno citar a la investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y articulista del Periódico El Universal, Sara Sefchovich, que en su elocuente libro País de Mentiras, publicado en 2008, documenta nuestro optimismo –Mosiváis dixit— y describe las infamias del poder en México a través de sus cifras, informes, comunicados y propaganda política que utiliza para justificar sus actos:

Los números se exageran o minimizan a conveniencia para conseguir otros fines, como alarmar a la población, conseguir votos, aumentar impuestos o abrir las puertas a otros intereses, por ejemplo los de las empresas trasnacionales.


Detrás de la extinción de LFC hay un cúmulo de verdades a medias, falsedades y tergiversación de cifras que pretenden justificar –como estrategia propagandística—, el cierre de un Organismo público, movido por intereses políticos y económicos ligados al grupo gobernante, que pretenden ocultarse bajo una fachada de austeridad financiera, ajuste de la administración pública y eficiencia en la prestación del suministro eléctrico. Un ejemplo perfecto de lo que la maestra Sara Sefchovich analiza a lo largo de su trabajo periodístico, desnudando al México de todos los días, como un país de mentiras y fachadas. “Y la fachada, entre nosotros, lo es todo. En función de ella se hace lo que sea”, sentencia la investigadora.