REPORTAJE: Días de Incertidumbre, Aciago y Resistencia del SME

LOS NÚMEROS NO MIENTEN... ¿O SÍ?









Una vez que el Ejército y la Policía Federal tuvieron bajo control las instalaciones de LFC, “sin romper un solo vidrio”, en los primeros minutos del domingo 11 de octubre de 2009, de forma inédita –en día inhábil— se publicó en una edición especial del Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, suscrito por el Poder Ejecutivo de la Nación, representado por Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Considerado como el “acto de gobierno más trascendental del sexenio”, la extinción de esta empresa se fundamenta principalmente en que “no ha cesado de recibir transferencias presupuestarias cuantiosas, las cuales lejos de disminuir se han visto incrementadas en los últimos años; basta señalar que del 2001 al 2008 –se asegura en el decreto—, tales transferencias se incrementaron en más de doscientos por ciento”.

También, según los considerandos del documento liquidador, “los costos de Luz y Fuerza del Centro casi duplican a sus ingresos por ventas; de 2003 a 2008 registró ingresos por ventas de 235,738 millones de pesos, mientras que sus costos fueron de $433,290 millones de pesos”; además, se precisa que dicha institución “…registra un pasivo laboral de 240 mil millones de pesos, de los cuales solamente 80 mil millones corresponden a trabajadores en activo y 160 mil millones al personal jubilado”.



Sobre su operación se mencionan resultados “notablemente inferiores respecto de empresas u organismos que prestan el mismo servicio a nivel internacional”, entre los que se destaca, por ejemplo, el porcentaje de pérdidas totales de energía, “excesivo y superior en casi tres veces al que presenta la Comisión Federal de Electricidad”, niveles tan altos que, según el decreto, “casi ninguna empresa eléctrica en el mundo registra”.


Asimismo, el ordenamiento presidencial, el cual puede consultarse de manera íntegra en el portal electrónico del Diario Oficial de la Federación (http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5114004&fecha=11/10/2009), indica que LFC, hasta diciembre de 2008, “no atendió diversas solicitudes de prestación de servicio que, en su conjunto, representan el doble de la demanda en Acapulco”. La problemática –sostiene el Presidente de la República en su decreto—puede “inhibir la decisión para realizar inversiones” y crear una situación insostenible que “hoy en día representa un costo tan elevado que no resulta conveniente para la economía nacional ni para el interés público”. Así de grave y alarmante era la radiografía descrita por el Ejecutivo Federal sobre la empresa eléctrica.

Y continúa: si se toman en cuenta “las circunstancias económicas derivadas del entorno de crisis mundial” y “la comprobada ineficiencia operativa y financiera del organismo descentralizado en cuestión” –reitera el texto—, se concluye que ante la contundencia de la información expuesta y “…siguiendo el principio de ejercicio eficiente del gasto público, Luz y Fuerza del Centro debe extinguirse”, sentencia el escueto documento de 4 páginas, firmado al calce por el Presidente de la República y 11 distinguidos miembros de su gabinete, entre los que destacan, Fernando Gómez Mont, Agustín Carstens, Georgina Kessel, Juan Molinar y Javier Lozano, secretarios de Gobernación, Hacienda, Energía, Comunicaciones y Trabajo, respectivamente.

A primera vista, los datos expresados en el decreto aparentan ser contundentes e irrefutables, sin embargo, ninguno de estos es acompañado de una argumentación sólida que los respalde, tampoco se citan las fuentes originales de donde se tomaron los datos. El documento no alude a ningún informe de desempeño; alguna auditoría reciente de la Secretaría de Hacienda; estudios comparativos, estadísticas generales; evaluaciones de la Secretaría de Energía –responsable del sector energético—, análisis de especialistas o de comités técnicos que fundamenten la repentina suspensión de operaciones del Organismo público.

Si son tan grandes los recursos destinados a la empresa e injustificables y ominosos tanto sus gastos como sus pérdidas, por qué el Congreso de la Unión –responsable de la aprobación del paquete presupuestal de egresos federales—no emitió un extrañamiento al Director de la Entidad (ingeniero, Jorge Gutiérrez Vera), o citó a comparecer a la titular de la Secretaria de Energía para que informara al Poder Legislativo las causas del supuesto desorden financiero que la paraestatal presentaba, antes de decidir su extinción.

Además, el tema no se abordó en ninguna minuta o punto de acuerdo al interior de las Comisiones de Energía, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, durante los meses previos al famoso Decretazo, es decir, no existe un documento oficial, de acceso público, donde se detallen con precisión las razones o los argumentos técnicos que precedan la extinción de la empresa eléctrica. El Presidente no consultó o pidió autorización –al menos de manera pública—al único Poder de la Unión facultado para legislar en materia de electricidad: El Poder Legislativo (Artículo 73, Fracc. X, de la Carta Magna). ¡Calderón se fue por la libre!


Sometidos al vertiginoso ritmo que los medios de comunicación impusieron al flujo de información, que no era mucha ni precisa –pero sí muy reiterativa—, los usuarios del servicio público de energía prestado por LFC, reaccionaron sorprendidos e indignados ante la retahíla de datos y cifras negativas que, de forma por demás insistente, se hacía en los principales noticiarios de radio, televisión y planas de los periódicos sobre su “oportuna” liquidación.

No obstante, el funcionamiento operativo y financiero de todo el sector energético nacional es desconocido por la mayoría de la población. Incluso para los especialistas en el tema, el esquema deficitario bajo el cual operan las tres principales empresas del sector –Pemex, CFE y LFC—resulta intrincado, polémico y poco discutido, cuánto más para los ciudadanos de a pie que no cuentan con suficientes elementos para establecer un criterio mesurado y objetivo sobre la explotación de los recursos naturales, ni el destino de las cuantiosas ganancias que estos generan a la hacienda pública.

En consecuencia, la exposición mediática de los problemas financieros del Organismo y la campaña de linchamiento en contra de su sindicato –en el mar de desconocimiento que prevalece sobre el tema—, apuntaló la decisión presidencial para que ésta fuera considerada pertinente y bienvenida por la población.

La respuesta fue automática: si ante la difícil situación económica que vive el país, a éste se le dice en cadena nacional y por todos los medios posibles, que el peor de los males para la economía nacional es la Compañía de Luz, y que con su liquidación se acabaría con una “sangría para los bolsillos de los mexicanos” y con las “muchas deficiencias que registra el servicio de energía”, seguramente nadie se opondría, y así fue. La empresa eléctrica y sus trabajadores elevados a enemigo público número uno… ¡A ellos!

Por otro lado, si el Organismo fue dirigido y administrado por el Gobierno federal, a través de funcionarios públicos designados por el Presidente de la República –quien antes de vivir en Los Pinos, fue Secretario de Energía en el gobierno de Vicente Fox, entre 2003 y 2004—, sorprende que ante lo delicado que venía siendo la operación de dicho Organismo “para la economía nacional y el interés público”, desde hace ya muchos años, no se hubiera hecho nada antes. ¿Quién tenía la responsabilidad del buen funcionamiento de una empresa tan importante como Luz y Fuerza del Centro?

La Doctora Leticia Campos Aragón, miembro del equipo académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, publicó en el año 2005 el libro La electricidad en la Ciudad de México y el área conurbada. En sus más de 400 páginas de análisis histórico y económico de los procesos productivos de LFC, la profesora universitaria estudió el complejo esquema operativo, su administración deficitaria y el impacto social de ésta. En los prolegómenos del citado libro precisa que el desarrollo del sector energético, así como sus características y condiciones, son responsabilidad ineludible del Estado Mexicano:

Con el espíritu de la Constitución General de la República Mexicana, que en su artículo 27 establece claramente que la propiedad de nuestro país no puede tener otro contenido ni otra modalidad que no sea la expresión de las necesidades y aspiraciones del pueblo mexicano, en 1960 la nación se constituyó como propietaria de la industria eléctrica para que el representante del conglomerado que la conforma, o sea el Estado, se responsabilice de satisfacer las necesidades colectivas de la electricidad que los individuos o particulares no podían, no quería o no debían satisfacer.

En el año 2008, por ejemplo, en el Congreso de la Unión se realizaron intensos foros de análisis y discusión, durante todo un mes, sobre la reforma energética propuesta por el Gobierno federal, enfocada en el sistema operativo-financiero de Pemex. Especialistas en la materia la escudriñaron y debatieron para que, antes de que fuera votada por los diputados, se lograran los consensos necesarios para su aprobación o enmienda. Al concluir dichos trabajos, aún con la férrea oposición del Frente Amplio Progresista, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, se aprobó una reforma que, sin dejar de ser polémica –si bien no fue precisamente la deseada por Felipe Calderón, tuvo que aceptarla—, el Senado defendió la reforma señalando que “se fortalece a Pemex, se le dan nuevas y mejores herramientas para enfrentar los grandes retos, se frena su desmantelamiento y será nuevamente impulsor del desarrollo nacional”.

La responsabilidad que tiene el Estado mexicano sobre Petróleos Mexicanos es la misma a la que se ciñe con Luz y Fuerza del Centro. Ambas son propiedad de la nación. ¿Por qué no se hizo algo similar con el servicio eléctrico si éste era tan deficiente? ¿El fondo y la forma de la decisión adoptada resistirían un debate público? ¿Un decreto administrativo, de la noche a la mañana –literalmente—, puede extinguir un Organismo público cuya actividad es protegida y regulada por la Constitución?


El Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Iberoamericana y miembro del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), Alberto Azis Nassif,publicó en el periódico El Universal, el 13 de octubre de 2009, el artículo ¿Legalidad o grandes golpes? Ahí reconoce el trato distinto que el Gobierno federal dio a la paraestatal extinguida y sus trabajadores:

De acuerdo con diversos juristas, existe un problema de legalidad en este caso, porque la materia de trabajo no desaparece, independientemente de quién sea el patrón. No es lo mismo que cuando se decide cerrar una empresa que produce chicles: en ese caso simplemente desaparece, pero aquí el servicio sigue. La pregunta importante es si los conflictos se resuelven de acuerdo con las reglas legales vigentes o de acuerdo con otro tipo de criterios. Había mecanismos legales para modificar las condiciones de la empresa y cambiar el contrato colectivo de trabajo, pero no se quiso emplear esa vía. En cambio, lo que vimos fue un golpe espectacular, por cierto, decisiones que hacen gobiernos con cierta debilidad para ganar imagen.

Desde su creación, señala el decreto de extinción, LFC “no ha cesado de recibir transferencias presupuestarias cuantiosas, las cuales lejos de disminuir se han visto incrementadas en los últimos años”. ¿Por qué? El decreto no lo explica. Para el año 2009 dichas erogaciones, consigna el documento oficial, fueron del orden de 41,945 millones de pesos, y de no haberse extinguido el organismo, el Gobierno federal estimó que “podrían alcanzar un total de 300 mil millones de pesos durante la presente administración”. ¿Qué se hacía con tantos recursos económicos? ¿En qué se gastaban? ¿Por qué en el decreto se hacen afirmaciones tan generales y se manejan cifras millonarias sin explicar su origen y destino con claridad?

Desde el 11 de octubre de 2009 la página web oficial de Luz y Fuerza del Centro, donde antes cualquier ciudadano podía buscar datos, cifras e información diversa sobre el funcionamiento de la empresa, fue suspendida. Lo único que se encuentra en el sitio www.lyfc.gob.mx es información sobre montos de liquidación para los trabajadores despedidos y avisos para reportar fallas eléctricas en la zona de operación del Organismo. No hay más.

Para saber en qué se utilizaban los cuantiosos recursos transferidos a la paraestatal, se consultó la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del año 2008, y en su "Análisis del ejercicio del presupuesto programático devengado", se reportó que el organismo Luz y Fuerza del Centro gastó en el ejercicio fiscal de dicho año (cifras cerradas) 112 mil millones de pesos (mdp). Menos de la mitad de dicho gasto, 51,200 mdp, correspondió a erogaciones con “recursos propios”, es decir, dinero que sale de sus propias arcas pero es asignado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; el resto de los recursos corresponden a transferencias –también del presupuesto federal—bajo el concepto de “subsidio eléctrico”: 60,728 mdp.

Del gasto corriente de LyFC, los servicios personales, que representan el pago de salarios y prestaciones de los 44,167 trabajadores que hasta el 31 de diciembre de 2008 laboraban en la institución, ascendió a 11,151 mdp, aproximadamente el 10% del gasto total anual, según el mismo informe de Hacienda. Al pago de jubilaciones se destinaron 27,758 millones de pesos, cerca del 25% del total. Entonces, si se suman las erogaciones para el pago a trabajadores activos y jubilados, se alcanza una cifra cercana al 40% de la totalidad de recursos asignados durante 2008. ¿En qué se gastaba la otra parte del dinero?

Según datos del Gobierno federal, en el mismo informe de la SHCP, se confirmó que más de la mitad del dinero público destinado a LFC, no se pierde en “excesos y privilegios” de los trabajadores sindicalizados, sino que dichos recursos regresan directamente a las arcas del erario público. ¿Cómo? A través del pago de energía a Comisión Federal de Electricidad bajo el concepto de “subsidio eléctrico”. Así de sencillo. Los recursos no se dilapidan –por lo menos, no en prestaciones laborales—, como se quiso hacer creer a la opinión pública; más bien, y muy contrario a lo expuesto en el decreto, este dinero público sólo se le retira a una empresa (LFC) para ingresarlo en la otra (CFE). ¡Los trabajadores no ven un céntimo!

Por lo tanto, los 60, 728 millones de pesos, casi el 60% del total asignado en 2008, representó en términos contables un desmesurado gasto para Luz y Fuerza del Centro –lo cual influyó definitivamente en sus índices de productividad—, y esos mismos recursos fueron captados, de forma inversamente proporcional, como un ingreso sustancial para la CFE. Sí, lo está leyendo bien: El Gobierno federal, en su carácter de patrón, califica el desempeño de las dos empresas públicas más importantes después de Pemex, bajo diferentes esquemas financieros a pesar de que su giro industrial es el mismo. En términos sencillos, una pierde lo que la otra gana. Vaya sistema.

Debido al revuelo mediático provocado por el cierre de la Compañía de Luz, el investigador Alberto Serdán Rosales, Maestro en Políticas Sociales y Administración por el Goldsmith’s College de la Universidad de Londres, actualmente Coordinador de Desarrollo de Proyectos de Propuesta Cívica A.C., se dedicó a investigar a través del análisis de documentos de acceso público, en el mismo mes de octubre de 2009, las razones que llevaron a la extinción de LFC. Sus resultados fueron publicados con el título Luz, fuerza y opacidad, en su blog personal (http://alserdan.blogspot.com), conocido como el Chicote Posmoderno. Ahí el autor se hizo las siguientes preguntas:

¿Dónde está el documento oficial que previo al decreto hablara del desastre de LyFC? […] Y es que los problemas no salen de la nada y por la magnitud de las decisiones que se toman ¿por qué no dijeron nada antes a través de los canales legales en función de los cuales el gobierno está obligado a rendir cuentas?
Al final del día, la duda sigue sin responderse: ¿quién puso en riesgo la empresa: la política de subsidios eléctricos o los mentados privilegios? Si no hay un diagnóstico oficial que haya desmenuzado todas las posibilidades, me parece que la liquidación es arbitraria. Si de tajo iban a cortar a tantos trabajadores, lo que al menos se espera es que haya un documento con justificaciones claras. ¿Dónde está el documento oficial donde señalaran problemas y propusieran soluciones antes de llegar al punto de la liquidación? Si LyFC era un desastre tan grande como lo pintan ¿qué documento oficial lo dijo con todas sus letras? […] Hay muchos saldos de lo que está ocurriendo alrededor de la liquidación de LyFC. Para mí hay uno claro: no hay información, transparencia ni rendición de cuentas clara y oportuna.

Nicéforo Guerrero Reynoso, actual alcalde de la ciudad de Guanajuato, anteriormente se desempeñó como Subsecretario de Electricidad durante la primera parte del sexenio del ex presidente Vicente Fox, y fue relevado de dicho cargo en marzo de 2004 cuando el Secretario de Energía era Felipe Calderón. En una entrevista con el periódico La Jornada, publicada el 12 de octubre de 2009, el ex funcionario sostuvo que la principal carga financiera de LFC no es su sindicato, sino la compra de energía en bloque que ésta realiza a la Comisión Federal de Electricidad. “Hay una cuestión clara, CFE le vende a LFC a un precio como a cualquier industrial, lo cual pudiera ser correcto, pero no para la empresa pública, porque tiene que venderla al mismo precio o a menor costo del que se la ofrece Comisión Federal”, aseguró quien también fue secretario de la Junta de Gobierno de la Empresa de Clase Mundial.

¿De qué estamos hablando? Sí, como ocurre hasta en las mejores familias: existe un trato desigual de Papá Gobierno hacia sus principales empresas públicas: Comisión Federal de Electricidad es la empresa preferida, a la que todo le dan, la consentida, siempre y cuando sea obediente y permita buenos negocios; Luz y Fuerza del Centro fue la relegada y rebelde, la del sindicato disidente, la oveja negra de la familia, siempre castigada y obligada a ser autosuficiente (de Pemex no hablamos, no tiene comparación… ¡Es la reina del Palacio!).

Así es, del presupuesto anual que Papá Gobierno le asignaba a LFC con la mano izquierda, el 60% de éste se lo retiraba –con la mano derecha—para dárselo a CFE, que a su vez, por la puerta de atrás, lo trasladaba (sigue haciéndolo) a empresas trasnacionales (productores independientes de energía) por concepto de compra de electricidad, ya que por “falta de infraestructura y presupuesto” (¡¿?!), valga la redundancia, ambas paraestatales no pueden producir la cantidad de energía que el país necesita. ¡El Gobierno convertido en intermediario de sí mismo! Así es México.