Sólo dos días después de haber visitado la residencia oficial de Los Pinos, cuando el gremio electricista parecía cantar una victoria más dentro de su combativa historia, sobrevino el golpe. En términos de la jerga popular, el gobierno de Felipe Calderón chamaqueó al SME; les dijo sí, pero no cuándo, ni cómo habrían de resolverse los problemas de la empresa pública. Lo que sí quedó claro, según la flagrancia y contundencia de los hechos, es que cualquiera que fuese la determinación de la Administración Federal sobre el servicio de energía eléctrica en la zona central del país, ésta no contemplaba al sindicato como interlocutor. Así, de un plumazo y cachiporra por delante, el “Presidente del empleo” optó por la extinción de la paraestatal; y con ello quiso borrar del mapa político y de toda negociación al organismo obrero más respondón y contumaz disidente de la política energética actual.
A la luz de lo que venía aconteciendo entre la organización sindical y el Gobierno federal, la ocupación policiaca de las instalaciones eléctricas, más que una traición, fue la culminación de una estrategia deliberada en contra del SME que inició con una campaña mediática de desprestigio hacia la dirigencia sindical y sus trabajadores, concluyendo con la extinción de la empresa. Es decir, el oficialismo primero levantó el repudio social contra el gremio –algo no muy difícil, basta recordarle al público usuario la última vez que acudió a realizar trámites a una sucursal para ponerle los pelos de punta—, y con ello, justificó y legitimó ante la opinión pública el cierre de Luz y Fuerza del Centro, (LFC).
El periodista Miguel Ángel Granados Chapa, siempre al tanto del quehacer político nacional, acusó de “insensibilidad” y “torpeza” a la dirigencia sindical, ya que ante la escalada mediática evidentísima, ésta no supo o no quiso ver los frentes abiertos en su contra, tanto al interior como extramuros; incluso, señaló que el líder del sindicato echó más leña al fuego. El 9 de octubre de 2009, un día antes de la toma, el también cronista parlamentario publicó en el periódico Reforma un artículo titulado ¿Qué hacer con Luz y Fuerza? Y casi como una premonición, escribió:
Acaso para mejorar su posición en el frente interno, (los electricistas) inauguraron un magnífico gimnasio, vecino a la sede sindical, construido con las cuotas sindicales. Pero deberían saber que además del frente interno, donde el gremio está dividido a la mitad, hay un frente externo, la sociedad, el público, los usuarios, irritados ante lo que juzgan un derroche imperdonable de recursos públicos.
Ese frente externo estaría inclinado a la liquidación del organismo denominado Luz y Fuerza. Y de él se aprovecharía la estrategia gubernamental […] Es difícil hallar en ese frente externo defensores del servicio que presta LyF a través del sindicato. La frecuente interrupción del suministro, los cobros abusivos, el maltrato cuando se trata de corregir el consumo mal medido, son algunas de las formas de relación de los usuarios con una empresa que, además de esa realidad irritante e inocultable, padece el sostenido esfuerzo propagandístico para desprestigiar al organismo y a sus empleados.
En diversas notas informativas, columnas y artículos de opinión, se tiró tinta sobre la urdimbre instrumentada por el gobierno para descarrilar al Sindicato Mexicano de Electricistas. Hubo quienes manifestaron la inusual ingenuidad del gremio; otros atribuyeron al triunfalismo cegador y soberbia de los dirigentes la fragmentación interna de su organización; algunos más, como el experimentado periodista Raymundo Riva Palacio, ex director editorial del periódico El Universal, atribuyó la debacle del SME a la falta de una estrategia política bien definida en términos mediáticos. En su columna, Estrictamente Personal, aparecida el 14 de octubre en El Financiero expreso:
Las guerras políticas se ganan en la opinión pública. El Sindicato Mexicano de Electricistas la perdió con el Gobierno federal aún antes de entrar al campo de batalla. No tuvo una estrategia, no tuvo capacidad de respuesta, no tuvo en su líder Martín Esparza un gladiador mediático que pudiera enfrentar a los leones con el que lo dejaron solo en el coliseo de la esfera pública.
Esparza es culpable por ceguera. El Gobierno federal le jugó con libreto una guerra de propaganda, que fue quirúrgica, rápida y altamente eficaz. En siete días lo aniquilaron, y la sociedad encuestada sobre la toma de la Compañía de Luz y Fuerza y su ocupación policial se congratuló con las cruces sembradas en el camino. Sistemáticamente, Esparza equivocó su estrategia. Jugó a la política en un tablero que huele a naftalina. Sus categorías de análisis son obsoletas, por lo que no entendió el primer disparo que le hizo el Gobierno, que mostró que los términos de la guerra que estaba por enfrentar se habían corrido de escenario. Fue políticamente torpe al ser arrastrado por el camino a la trampa a través de filtraciones cargadas de veneno que en una semana le puso a la opinión pública en contra y quedó etiquetado como un líder corrupto, indigno de cualquier arreglo futuro. Si eso es verdad o es mentira qué más da. Es absolutamente irrelevante para quien entiende que en política, la percepción es más poderosa que la realidad.
En contraste, al día siguiente de la incursión de la fuerza pública en las oficinas de LFC, el periódico La Jornada, en su Editorial titulado Fuerza e ilegalidad, se refirió a los hechos como una muestra del nuevo método empleado por el Ejecutivo Federal para la solución de conflictos sociales, haciendo evidentes las coordenadas –insinuó el diario—del regreso al viejo estilo de gobierno autoritario aparentemente superado tras la salida del PRI de Los Pinos, encarnado ahora en el presidente Felipe Calderón y su gabinete de seguridad nacional:
El asalto de los federales que comanda el hombre fuerte del país, Genaro García Luna (Secretario de Seguridad Pública Federal), culmina una semana de avalancha mediática que buscaba, precisamente, legitimar un acto ilegal a todas luces. […] Este sábado 10 de octubre pasará a la historia como el día en el que un gobierno de derecha encabezado por Acción Nacional se brincó la autonomía sindical y, de ese modo, dijo al país entero que quien no comulga con sus ideas será combatido con la fuerza de su Estado.
Al recorrer la prensa nacional de aquellos días de octubre, el consenso de plumas validadoras del acto presidencial (la abrumadora mayoría), consideraron que “las formas” que se emplearon para solucionar los rezagos de Luz y Fuerza del Centro “quizá no fueron las más tersas ni ortodoxas” en términos de corrección política, sin embargo, justificaron que el fondo de la decisión obedeció a “una auténtica razón de Estado”, pues el riesgo de una posible interrupción del servicio eléctrico provocado por el “beligerante sindicato de electricistas”, señalaron al unísono muchos “especialistas”, fue lo que “obligó” al Ejecutivo Federal a “solucionar”, de una vez por todas, una “sangría al erario público” que “llegó a poner en riesgo la viabilidad económica del país”. Ese fue el tono como se dijo y se escribió no sólo en los periódicos, sino hasta en las "revistas del corazón”, y programas de entretenimiento de radio y televisión.
Para Muestra, un botón: Oscar Mario Beteta, flamante locutor de Grupo Radio Fórmula, además de dirigir todas las mañanas su programa radiofónico de noticias En los tiempos de la radio, en el 103.3 de FM, también se da el tiempo de escribir una columna de opinión titulada En petit comité, todos los jueves en el periódico Milenio. En ese espacio editorial publicó el 15 de octubre de 2009 la siguiente reflexión en torno a la liquidación de LFC y las teorías político-sociales que, según su perspectiva, fundamentaron y legitimaron el cierre de la empresa eléctrica:
La decisión del presidente Calderón de liquidar LFC deriva de una auténtica razón de Estado y se apoya en dos teóricos fundamentales: Aristóteles y Maquiavelo. […] En el war room, de donde salió la sentencia de muerte de esa empresa (sic), no se la pudo armar mejor. […]
Por su parte, el florentino (Maquiavelo) sugiere que para conservar un reino nunca se reconozcan límites. Su máxima de que “el fin justifica los medios”, es absolutamente moral cuando el Príncipe (Calderón) la emplea para proteger a sus gobernados del peligro. Es lo que hizo Calderón en el caso de LFC (sic). La naturaleza y el objeto del Estado y de los particulares son antagónicos e irreconciliables: uno debe procurar el bien común, otros buscan ventajas propias. Su coexistencia es imposible; uno debe perecer (sic). La totalidad ética de aquél, obliga a cualquier acción para preservarlo.
En consecuencia, la población en general conoció a través de los “líderes de opinión” las cualidades y firmeza del Presidente de la República al tomar la “difícil” decisión de acabar con un Organismo Público que padecía inocultables y graves problemas e ineficiencias, principalmente en la atención al público –como muchas otras dependencias públicas—, y que de pronto apareció en los medios de comunicación convertido en… ¿Un peligro para México? Así se esgrimió la feroz propaganda negra en contra del gremio electricista.
No hay comentarios:
Publicar un comentario